ESTADO LAICO, PERSONAS LIBRES

ESTADO LAICO, PERSONAS LIBRES

martes, 9 de octubre de 2012

CASO ZONGOLICA

EN ESTA OCASION ESTAMOS MUY DECEPCIONADOS POR LA RESOLUCION Y RECOMENDACION QUE HA EMITIDO LA COMISION NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ESPECIFICO POR LAS PALABRAS DEL DOCTOR JOSÉ LUIS SOBERANES
FERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN LA
CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE LA
INVESTIGACIÓN DE LA MUERTE DE ERNESTINA
ASCENCIO EL DIA 19 de abril de 2007
EFECTIVAMENTE LOS familiares de la señora Ernestina Ascencio, han vivido momentos terribles tras su muerte, momentos de dolor y de duelo
que no han cesado. tAMBNIEN ESTAMOS seguro que miles de mexicanos en todo el país, han tenido en su pensamiento a los familiares de la señora ernestina y comparten su pena. LAMENTAMOS profundamente que sigan sufriendo una experiencia tan dolorosa. Lamento también que persista en nuestro país una pobreza tan lacerante como la que padeció Ernestina Ascencio
durante toda su vida. Aunque sobrellevaba enfermedades crónicas muy graves, no tuvo oportunidad de recibir un tratamiento médico adecuado. Ernestina pasó sus horas finales siendo transportada en una camioneta de carga porque su comunidad carece, entre otros muchos servicios, de una clínica capaz de enfrentar emergencias como la suya. En condiciones demostrablemente terribles, hasta su último día estuvo pastoreando cabras en un territorio
agreste. Algo debe andar muy mal cuando una anciana de 73 años y carente de servicios médicos no puede dejar de trabajar, al límite de sus fuerzas, hasta el último día de su vida.
¿Tenemos que suponer y creer que Ernestina Ascencio fue víctima de una violación tumultuaria —como ha dicho con supuestas pruebas hechas al vapor por la Procuraduría General de Justicia de Veracruz— para que su muerte nos
indigne y nos mueva a reflexión? En el caso de Ernestina Ascencio, se ha violentado --como sucede ahora mismo muchas veces-- el derecho a la salud
y el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita de muchas personas que pertenecen a ese mismo grupo vulnerable. También ha tratado de violentarse, con errores y omisiones que habremos de precisar, el derecho de Ernestina a contar con una investigación profesional del Ministerio Público y sus órganos auxiliares. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos advirtió la falta de profesionalismo, la manipulación de pruebas, los errores y las omisiones de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Por eso ha tenido que realizar sus propias indagatorias, no como un sustituto del Ministerio Público –como algunos equivocadamente señalan--, sino en pleno ejercicio de nuestras facultades constitucionales y legales de Ombudsman para que esa autoridad
administrativa vea sus errores. La CNDH lamenta muy seriamente que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables Dificultades de una investigación criminal como ésta, sino también con los errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores. Lamenta también que —en vez de corregirlos— pretenda negarlos y con ello, abra de par en par, las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite. “¿Acaso tengo vista de rayos equis?”, respondió un médico de la procuraduría de Veracruz cuando un perito de la CNDH le preguntó por qué había determinado en la necropsia que Ernestina murió por “traumatismo
craneoencefálico” y mostraba, según él, las “vértebras cervicales fracturadas y luxadas”, lo cual resultó totalmente falso.
¿ Acaso tengo vista de rayos equis? ¿Es ésa la manera en que queremos que se conduzca un perito forense al realizar una diligencia de ley en Soledad Atzompa o en cualquier otra región inhóspita de México? Es paradójico el hecho –y no voy a omitirlo—de que la misma autoridad que ha incurrido en graves errores deba corresponderle ahora la delicada tarea de esclarecer los hechos para procurar justicia. A pesar de muchos fallos garrafales, la autoridad estatal tiene la responsabilidad de acumular pruebas hasta establecer si existió una agresión y quiénes fueron los culpables, para encontrarlos y consignarlos ante la autoridad judicial. ¿Con qué elementos lo hará? Pregunto al procurador del
Estado, Emeterio López Márquez, ¿enviará para esto a los mismos peritos que dejaron pudrirse en una hielera pruebas fundamentales?; ¿a los mismos funcionarios que aseguran que las muestras que les fueron solicitadas no
las pueden enviar porque ya se les consumieron? No me corresponde responder, pero estoy seguro de no ser la única persona que se pregunta en estas semanas
cuáles pueden ser las motivaciones de orden extralegal que llevan a una Autoridad estatal a desdibujar los hechos. Estas maniobras políticas atropellan la posibilidad de un compromiso para buscar la verdad y abrirle paso a la
justicia. La procuraduría local no sólo hizo una muy deficiente necropsia y una mala investigación, sino que también ha insistido –desde el primer momento-- en dar un tratamiento mediático a información confidencial, al hacer circular una fotografía en la que el cadáver de Ernestina aparece junto a un envase de refresco con un derrame de sangre junto a su cabeza; ¿qué se intentaba
mostrar o demostrar con esa imperdonable patraña? Las respuestas no han estado, y quizá no estén jamás, en la ciencia médica. No toca a nosotros incursionar en la lógica política. En un estado con los niveles de pobreza de
Veracruz, con sus problemas de seguridad pública, ejecuciones, narcotráfico y tala ilegal, un caso así puede ser desde el efecto de la imprudencia acumulada, hasta una cortina de humo para cualquier tipo de propósitos.
No quiero dejar de señalar que, al emitir comunicados a la opinión pública que crearon expectativas equivocadas, la Secretaría de la Defensa Nacional contribuyó al enrarecimiento de la información sobre el caso. Esta situación formará parte de la recomendación que habremos de emitir.
Por nuestra parte, investigamos la muerte de la señora Ernestina Ascencio con los mejores recursos —tanto humanos como materiales— de que puede disponer la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ningún
esfuerzo ha sido escatimado. Nuestras acciones se dieron sin esperar denuncia alguna, ejerciendo la facultad de la CNDH de iniciar quejas de
oficio. Nunca vimos en este caso la oportunidad para evadir un problema o para ocultar hechos que pueden considerarse aberrantes y escandalosos. Muy por el contrario, actuamos por iniciativa propia, con oportunidad y transparencia, con buena fe y a la vista de la sociedad mexicana, a la que informamos desde el primer momento. Así lo hicimos porque la señora Ernestina Ascencio era
especialmente vulnerable. Vulnerable como mujer y como
indígena. Vulnerable también como anciana y por sus
especiales condiciones de marginación y pobreza.
Y es precisamente a las personas vulnerables ante el
abuso del poder a quienes nos debemos, a quienes está
dedicado el mayor esfuerzo de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, que funda en ellas su razón de ser
jurídica, política y moral.
Desde los primeros días de marzo movilizamos un equipo
de visitadores a la sierra de Zongolica, que analizaron con
prontitud el lugar de los hechos e inquirieron al personal
del gobierno de Veracruz. Nuestros investigadores también
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se entrevistaron con familiares de la señora Ascencio y
miembros de la comunidad de Tetlatzinga.
Los integrantes del equipo fueron designados con base en
su capacidad profesional, su experiencia y su idoneidad
para este delicado caso. Una médica especialista en delitos
sexuales, una cirujana, un patólogo, un médico forense, un
perito criminalista y siete visitadores adjuntos han estado
trabajando con especial ahínco para esclarecer la muerte
de la señora Ascencio. El Ombudsman nacional ha
supervisado sus labores en todo momento.
Los avances de este trabajo científico son contundentes: la
señora Ernestina Ascencio no fue víctima de una violación.
Su deceso fue causado por una anemia aguda por
sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas,
pépticas, agudas en una persona que cursaba con una
neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en
etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis
mesentérica.Ustedes podrán conocer los detalles del caso
en el documento informativo que les entregaremos hoy, y
del cual me permito hacer algunas referencias:
• No existe evidencia bibliográfica que el esfuerzo físico genere
isquemia intestinal, sangrado de tubo digestivo y choque, sólo que
exista una patología sistémica generalizada se puede llegar a
presentar un evento catastrófico como éste.
• Existe evidencia documental, microscópica, de laboratorio y
macroscópica de fallecimiento de la paciente por proceso médico
mórbido no traumático.
• El resultado positivo para la proteína P30 en las muestras
rotuladas como de región anal, pueden dar resultados conocidos
como falsos positivos. Lo idóneo es realizar la cuantificación de
esa proteína.
• La ausencia de células espermáticas en las muestras rotuladas
como región anal, demuestra fehacientemente la ausencia de
semen. Más aún, la descripción de la observación microscópica de
todas las muestras en donde se observaron abundantes bacterias,
parásitos, levaduras, leucocitos y eritrocitos, manifiesta
intrínsecamente que nunca existieron espermatozoides en esta
muestra anal.
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• Es obligado hacer mención que estas muestras no se consumen
en el análisis (como lo puntualiza la perito oficial de la
Procuraduría estatal), pues deben quedar de manera permanente
en la laminilla respectiva.
• La falta de cuidado en la colección, preservación y análisis de las
muestras hace imposible que con los estudios genéticos realizados
se obtenga un resultado certero.
• El supuesto líquido seminal recabado durante la primera necropsia
en región de genitales fue indebidamente preservado para su
traslado a las oficinas centrales de la Dirección de Servicios
Periciales de la Procuraduría estatal, ya que existe constancia de
que el laboratorio de la misma institución reconoció que todas las
muestras observaron abundantes bacterias, parásitos, levaduras,
leucocitos y eritrocitos.
• En ese sentido, resulta extraño que la representación social no
haya justificado fundada y motivadamente la razón por la cual se
contaminaron las muestras del supuesto líquido seminal, pero más
grave resulta aún la afirmación de la perita química de dicha
Procuraduría estatal que analizó las mismas, quien reconoció que
tales muestras se habían consumido en su análisis.
• Lo mismo puede afirmarse respecto de la conservación de las
ropas de la señora Ernestina Ascencio Rosario, ya que se
advirtieron inconsistencias en la actuación del Ministerio Público,
toda vez que el 26 de febrero certificó las prendas de vestir que,
presuntamente, tenía la agraviada el día de los hechos, y de la
cual se señala que recibió, entre otras cosas, una blusa color
verde con estampado floreado al frente y sucia por el uso, sin
embargo inexplicablemente el mismo representante social, el 7 de
marzo, envió dichas ropas a la Dirección de Servicios Periciales a
fin de obtener el perfil genético en la mancha encontrada en dicha
prenda, lo cual resulta inconsistente, ya que en la certificación del
26 de febrero no se hizo mención alguna de la existencia de dicha
mancha.
• La situación señalada resulta más grave, al evidenciar que la
perita en genética forense de esa Procuraduría, al recibirlas para
su análisis, precisó que las prendas se encontraban húmedas, en
estado de putrefacción y tenían larvas, por lo que no le fue viable
practicar el análisis que le había sido solicitado.
• Esta Comisión Nacional solicitó a la Procuraduría estatal el “Kit”
que debe contener los reactivos con los cuales se obtuvieron los
resultados para determinar que las supuestas muestras de líquido
seminal resultaron positivas a fosfatasa ácida y proteína P30 en la
región anal de la fallecida, ya que en respuesta la perita química,
adscrita a la Dirección de Servicios Periciales de la referida
representación social manifestó que el “Kit” ABA CARD P30, el
“Kit” de fosfatasa ácida, las laminillas preparadas en fresco y el
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tinción de árbol de navidad, fueron desechados como
procedimiento de esterilización por contener una muestra
biológica con potencial contagio-infeccioso.
• Por otra parte, conviene hacer hincapié en la notoria impericia,
negligencia y precipitación con que se condujeron los peritos
adscritos a la Procuraduría estatal, al emitir sus dictámenes
(necropsia y exhumación), lo que se corrobora con su propias
declaraciones rendidas ante el agente ministerial a cargo de la
averiguación previa 140/07/A. Sirva de ejemplo lo señalado por el
perito encargado de practicar la primera necropsia quien, al ser
cuestionado sobre su afirmación en el sentido de que encontró
“abundante líquido seminal”, respondió –cito textual—“mi
apreciación fue subjetiva”, además de señalar que probablemente
pudo haberse confundido con un fluido vaginal.
• Otro ejemplo a este respecto, es el caso de la médica adscrita a la
Agencia Especializada en Delitos contra la Libertad y Seguridad
Sexual y contra la Familia, quien, cuando se le preguntó sobre el
contenido de las conclusiones a que llegó en el examen
ginecológico y proctológico que en vida practicó a la señora
Ernestina Ascencio y, concretamente, al señalar que la paciente se
encontraba con cuadro de perforación de recto, declaró –de
nueva cuenta cito— “eso yo no dije, eso se encuentra en la nota
médica”. La perita en cuestión asentó en las conclusiones de su
dictamen, lo que copió de las notas que observó en el Hospital
Regional de Río Blanco, más no lo que ella pudo advertir y
acreditar como especialista en la materia.
• Finalmente, he de hacer mención especial al informe que a esta
Comisión Nacional de los Derechos Humanos rindió el Director del
Hospital Regional de Río Blanco, al que adjuntó el acta suscrita
por él y los seis médicos que intervinieron en la atención que se
brindó a la señora Ernestina Ascencio Rosario durante su estancia
en el citado nosocomio, en la que sustancialmente se afirma lo
siguiente:
• “La paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía
vaginal ni por vía anal, que había sido traída por el señor René
Huerta representante de una ONG, quien insistía ante los médicos
que anotaran en el expediente que la paciente había sido violada
por los soldados destacamentados en la localidad de donde era
originaria la hoy difunta, y que las fracturas encontradas a nivel
de parrilla costal fueron originadas por las maniobras de
reanimación cardiopulmonar, al haber presentado paro
cardiorrespiratorio y que con frecuencia se presenta en personas
de la tercera edad que por supuesto no son provocadas adrede,
asimismo afirmo que no hubo fractura de cráneo ni de vértebras
cervicales, ya que de acuerdo al expediente clínico y la
información que proporcionaron los doctores que la revisaron, la
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paciente llegó semiinconsciente, sin ninguna evidencia o
manifestación clínica de fractura. Por cuanto hace a la doctora
María Catalina Rodríguez Rosas, médico adscrito a la PGJ, quien
se presentó en el hospital a revisión de la paciente, se ignora el
motivo por el cual no asentó en el expediente clínico la supuesta
exploración física que debió haber realizado ante nuestra petición
por supuesta violación, toda vez que dicho expediente lo tuvo en
su poder”.
Respecto de la integración del expediente de la CNDH, a la fecha se
han generado un total de 30 actas circunstanciadas. Se han
obtenido un total de 614 fotografías que corresponden a la
necropsia, al lugar de los hechos, testimoniales y a la exhumación
del cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Ernestina
Ascencio. De igual manera, se obtuvieron 7 discos mini DVD
relacionados con las entrevistas de campo, inspecciones oculares y
exhumación de la agraviada.
En forma paralela, se han generado 35 oficios de solicitud de
informes a diferentes autoridades dentro de las que destacan la
Procuraduría General de Justicia Militar de la Secretaría de la
Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la
Procuraduría General de Justicia, la Secretaría General de Gobierno,
la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y
Asistencia, la Contraloría Interna en la Secretaría de Salud, la
Contraloría General todas en el estado de Veracruz y a la
Presidencia Municipal de Soledad Atzompa, Veracruz.
Sobre este particular, cabe destacar que la Presidencia Municipal de
Soledad Atzompa, Veracruz, ha hecho caso omiso a los dos
requerimientos que se le han formulado, entorpeciendo así el curso
de nuestra investigación, lo que se denunciará en su momento, en
términos de lo dispuesto en los artículos 70, 71, 72 y 73 de nuestra
legislación.
Esta Comisión Nacional, en términos de lo establecido en los
artículos 70, 71, 72 y 73 de su Ley, así como a lo previsto por el
artículo 214, fracciones V y VI, del Código Penal Federal, denunciará
ante los órganos competentes los delitos y faltas administrativas por
los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de
la Procuraduría General de Justicia del estado de Veracruz durante
la tramitación del expediente de queja 2007/901/2/Q, para que, en
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el ámbito de su competencia, las autoridades sancionen de acuerdo
con las leyes de la materia y se apliquen las medidas correctivas que
deban imponerse.
En las próximas semanas esta Comisión Nacional emitirá la
Recomendación correspondiente al Gobierno del Estado de
Veracruz, al haber acreditado violaciones a los derechos
fundamentales de legalidad, seguridad jurídica e irregular
integración de la averiguación previa en agravio de la hoy occisa y
de sus familiares, derechos que están reconocidos en los artículos
16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México.
Señoras y señores:
¿La CNDH debió callarse ante la deplorable actuación de la
procuraduría de Veracruz? Se ha dicho que para los
derechos humanos y para nuestra institución hubiera sido
más fácil hacer de Ernestina Ascencio una bandera, un
cartel de propaganda, una causa más.
Me han preguntado por qué la CNDH asumió el costo de
salir al paso a informar a la sociedad de sus hallazgos, aun
a sabiendas de que seríamos etiquetados como
gobiernistas. Cada quien tiene derecho a hacer sus propias
conjeturas, pero hasta hoy, creo que no nos equivocamos.
Sólo puede haber justicia si hay verdad.
México no necesita de causas falsas para vigorizar la lucha
por los derechos humanos. Tenemos suficientes causas y
casos verdaderos. La vida y la muerte de Ernestina
Ascencio son un importante testimonio de cómo son las
cosas cuando se sufre desde el atraso, la marginación y la
falta de oportunidades.
En la CNDH seguiremos haciendo nuestro trabajo
objetivamente, sin fabricar culpables, sin inventar
víctimas, sin mordaza alguna y con la independencia y los
recursos que la ley nos otorga. Quiero subrayarlo:
únicamente con la verdad como divisa lograremos avanzar

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