ESTADO LAICO, PERSONAS LIBRES

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miércoles, 19 de junio de 2013

Acusan a funcionarios de cometer violaciones “flagrantes” al Estado laico

Acusan a funcionarios de cometer violaciones “flagrantes” al Estado laico


http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=6700
Pamela López
México DF, junio 19 de 2013.
Durante los primeros seis meses del gobierno de Enrique Peña Nieto, 12 funcionarios públicos han violado “flagrantemente” la laicidad del Estado, denunció en conferencia de prensa Aidé García, integrante de República Laica, coalición integrada por organizaciones civiles, académicos y políticos.
Formalizada en una denuncia interpuesta ante la Secretaría de Gobernación (Segob), instancia encargada de evaluar y establecer las sanciones correspondientes en la materia, la lista de funcionarios que han violado el Estado laico es encabezada por Enrique Peña Nieto, presidente de la República, agregó la también coordinadora del área de Relaciones Interinstitucionales de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
Además de Peña Nieto, las activistas mencionaron al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, a quien señalaron como uno de los funcionarios que han violado la laicidad del Estado por asistir al Vaticano a la misa de entronización del Papa Francisco, así como por encabezar en marzo pasado la campaña de desarme voluntario en la Basílica de Guadalupe, acompañado del cardenal Norberto Rivera.
La coalición mencionó también a César Duarte, gobernador de Chihuahua; Javier Duarte, gobernador de Veracruz; Eruviel Ávila, gobernador del Estado de México; César Garza Villareal, presidente municipal de Guadalupe, Nuevo León; Rodolfo Ambriz Oviedo, presidente municipal de Juárez, Nuevo León; Jorge Romero, delegado de Benito Juárez y Juan Núñez Perea, presidente municipal de Tizayuca, Hidalgo, este último como quien “condiciona obras y servicios públicos a cambio de que la ciudadanía se convierta al cristianismo”.
García calificó como lamentable que la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público no establezca de manera clara las sanciones a las que será expuesto un funcionario cuando viole el carácter laico de la República. Sin embargo, en el documento presentado ante la Segob, República Laica exigió la destitución y sustitución en el cargo de la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien recientemente entregó las llaves de la ciudad a Jesucristo.
Añadió que estas acciones son “indignantes” para quienes defienden la laicidad del Estado, los derechos humanos y la pluralidad y aseguró “no vamos a detenernos hasta que todos estos funcionarios sean sancionados”.
Por otra parte, Felipe Gaytán, experto en sociología de las Religiones y Laicidad, dijo que las acciones realizadas por los servidores públicos atentan contra la laicidad y el principio de la democracia, pues “los políticos que encarnan al Estado deben garantizar libertades y derechos de los ciudadanos; el Estado no trata con creyentes, trata con ciudadanos y tiene que respetar”.
Apuntó que el Estado tiene obligaciones, no derechos, mientras que los ciudadanos tienen derechos y obligaciones, por lo que debe abatirse el avasallamiento del espacio público y la eliminación de la pluralidad, mientras que “si un funcionario, por su creencia, no puede garantizar los derechos y las libertades de los demás, tendrá que dejar el puesto a alguien que sí esté dispuesto a ser el garante en el espacio público de la diversidad y la pluralidad. Entre el creer y el decidir hay una gran brecha”.
En este sentido, Rodolfo Echeverría, integrante de la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM congratuló la idea surgida en el Congreso de la Unión respecto a la creación de una Ley Reglamentaria al artículo 40 Constitucional para determinar, entre otras cosas, las sanciones a las que serán acreedores los servidores que violen el Estado laico y establezca, “sin ambages y circunloquios”, que todo esfuerzo de conciliación y concertación del Pacto por México pase necesariamente por el Estado laico.
Echeverría exhortó a la Segob para que, en cumplimiento con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y el artículo 130 constitucional, expida un documento dirigido a todos los funcionarios de los tres órdenes de gobierno y recordarles lo que dictan la Constitución y las leyes en la materia.
El académico invitó a los funcionarios del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que han transgredido las normas del Estado laico a aplicar lo que dictan sus estatutos y llamó a la Segob para que, “mediante por lo menos una amonestación, les recuerde que el PRI es un partido laico desde 1929”.
Al respecto, la diputada del PRI, María de los Ángeles Moreno recordó que “desde la época de Juárez tenemos libertad religiosa; quién sabe de qué estarán hablando algunos que insisten en que hay que promover cambios constitucionales para garantizarla. Hemos querido y seguimos queriendo un país de leyes que nos rijan a todos sin excepción”.
Aseguró estar de acuerdo con la decisión de que el gobierno no tenga injerencia en los asuntos religiosos, pero, por ello mismo, “tampoco queremos iglesias metidas en la política”.
La legisladora, quien en el pasado se desempeñó como presidenta nacional del PRI, advirtió que comparte la idea de mantener el carácter laico y democrático del Estado mexicano, características que, dijo, no pueden concebirse lejos de la libertad de culto, de creencia, de conciencia y de expresión o dentro de una dictadura en términos de pensamiento.
Moreno declaró que “las expresiones recientes de servidores públicos diciendo que entregan la ciudad o el estado a una deidad, a un santo o a un corazón, parecen totalmente fuera de lugar. Si lo piensan y lo practican ¡qué bueno!, pero en privado; en público violentan la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público”.
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